Lawfare

Para quienes no estén familiarizados con el término, "lawfare" es el uso estratégico del sistema legal para acosar y silenciar a los opositores, ya sean políticos, activistas u organizaciones de la sociedad civil.

El lawfare puede adoptar muchas formas, desde demandas frívolas y procesos judiciales prolongados hasta el uso de la legislación antiterrorista para criminalizar la disidencia. Su objetivo es agotar los recursos financieros y emocionales de los objetivos, dañar su reputación y disuadirlos de participar en actividades que puedan desafiar al poder.

El uso del lawfare se ha vuelto cada vez más común en todo el mundo, y América Latina no es una excepción. En los últimos años, hemos visto un aumento en el número de casos de lawfare contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas.

Por ejemplo, en Guatemala, el periodista José Rubén Zamora fue arrestado y encarcelado en 2022 bajo cargos falsos. Zamora es un crítico abierto del gobierno y su detención ha sido ampliamente vista como un intento de silenciarlo.

En Honduras, la defensora de derechos humanos Berta Cáceres fue asesinada en 2016. Cáceres había estado liderando una campaña contra una represa hidroeléctrica que habría desplazado a comunidades indígenas. Su asesinato fue condenado internacionalmente y muchos creen que fue un acto de lawfare.

Los casos de Guatemala y Honduras son sólo dos ejemplos de cómo el lawfare se está utilizando para socavar la democracia y silenciar a los críticos en América Latina. Es una tendencia peligrosa que debe detenerse.

Combatir el lawfare requiere una acción colectiva. Debemos exigir que los gobiernos rindan cuentas por su uso del sistema legal y debemos apoyar a las víctimas del lawfare.

También debemos crear conciencia sobre el lawfare y sus peligros. Cuanta más gente sepa sobre él, más difícil será para los gobiernos utilizarlo como arma contra sus opositores.

No podemos permitir que el lawfare se convierta en la nueva normalidad en América Latina. Debemos defender el estado de derecho y proteger la libertad de expresión y reunión pacífica.

El futuro de nuestra democracia depende de ello.